En 2015 la Comisión Europea (CE) aprobó una nueva normativa que permite a los Estados miembros prohibir las importaciones de organismos modificados genéticamente aprobados en el territorio comunitario. Una medida cuyo impacto económico se resistió a evaluar la propia CE. Ahora son numerosos los informes que han evaluado dicho impacto, cuantificando importantes daños económicos para los agricultores y consumidores europeos que podrían derivarse de tales prohibiciones.
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